Ante la escalada de femicidos en el país, especialmente en los últimos meses, la Escuela de Sociología manifiesta su repudio y expresa solidaridad con las mujeres en general y con las personas cercanas a las víctimas.
En el contexto de una estructura social que genera diversas formas de desigualdad, exclusión y violencia, los discursos fundamentalistas (religiosos y no religiosos), que estuvieron presentes en la recién pasada contienda electoral 2018, propician el retroceso en el respeto a los derechos humanos en general, y de manera particular los derechos de las mujeres y las niñas. La noción socialmente construida de sumisión y obediencia de las mujeres, como siervas, refuerzan conductas intolerantes y violentas, que ya en este país se ha logrado que sean inaceptables y penalizadas. Es más, se han convertido en discursos legitimadores de esas manifestaciones, siendo los femicidos la más extrema de las violencias contra las mujeres.
Históricamente, nuestro país ha logrado establecer mecanismos de prevención, atención y penalización de todas las formas de violencia contra las mujeres por medio de convenciones internacionales, instituciones, leyes, normas y redes comunitarias. En vez de cuestionarlos, estos mecanismos deben ser apoyados y fortalecidos.
La prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas no es sólo responsabilidad del INAMU, como ente rector en la materia; debe ser responsabilidad del Estado costarricense el eficaz cumplimiento de esos compromisos, incluyendo todas sus instituciones: educación, salud, trabajo, economía, justicia, política y, de manera particular, de la ciudadanía. Se requiere construir una cultura de igualdad y respeto a la diversidad, incluyendo la formación de masculinidades positivas, no agresivas ni machistas, sino sensibles y respetuosas, que contribuyan a una sociedad con justicia e igualdad.
Como profesionales de la sociología, hacemos un llamado a las universidades, a las instituciones públicas, y a la ciudadanía en general a construir un país que nos incluya a todas y todos, un país con igualdad y libre de violencia.
Apelamos al Presidente Electo y a la Asamblea Legislativa a actuar contra las condiciones estructurales que generan desigualdad, exclusión y violencia y que afectan de manera particular a las mujeres y las niñas.
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