La dirección de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica se solidariza con el Profesor Adrián Jaén y demás personas acusadas penalmente por defender la seguridad social

 

En este momento el Estado costarricense, a través de la fiscalía, sostiene un juicio penal en contra de cinco personas, entre ellas Adrián Jaén, sociólogo y profesor de nuestra escuela.  Las cinco personas imputadas participaron en una manifestación pacífica realizada el 8 de noviembre de 2012 en la cual se denunciaban los recortes a la seguridad social que se aplicaban en ese momento y que afectaban los servicios en varias zonas del país.

Los hechos ocurridos durante esta jornada de protesta, conocida posteriormente como 8 N son realmente lamentables: la administración de la entonces presidenta Laura Chinchilla envió decenas de policías, quienes, de manera abusiva y violenta, se abalanzaron sobre los y las manifestantes, golpeando, arrastrando y deteniendo a 35 de ellos y ellas.

Como la agresión policial fue tan brutal, se convocó una nueva marcha para el 15 de noviembre 2012 a la que asistieron miles, en repudio a la represión, al abuso y la militarización de la policía. Las personas detenidas fueron juzgadas en los tribunales de flagrancia o en los contravencionales; la mayoría resultaron absueltos o absueltas, por no existir pruebas de los supuestos delitos. Sin embargo, cinco de esas personas están enfrentando en este momento un juicio penal en este momento, acusando a estas de resistirse a los arrestos (delito de resistencia agravada)

Por la forma en la que se desarrollan los acontecimientos del 8N y la forma en la que se plantean posteriormente los juicios que se derivan de dicho acontecimiento consideramos que estos tienen una clara intencionalidad política; son juicios ejemplarizantes que buscan amedrentar a la población para evitar que sectores sociales con reivindicaciones legitimas desistan de realizar manifestaciones. En el fondo hay una clara intencionalidad de deslegitimar y criminalizar la manifestación callejera, haciendo parecer a quienes participan de estas acciones políticas como si fueran delincuentes.

Por lo tanto, se considera que este tipo de juicios implican una persecución política, pues a pesar de que todo indica que no existe ningún tipo de prueba de peso en contra de las personas imputadas el gobierno, a través de la fiscalía sostiene un juicio que, a todas luces parece innecesario, constituyendo un desperdicio de recursos del erario público y un suplicio innecesario para las personas acusadas de esta forma.

La Constitución Política y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, garantizan el Derecho a la Protesta Social, como parte de otros derechos y libertades fundamentales, en un Estado de Derecho. Por lo tanto, repudiamos y condenamos nuevamente los actos represivos de la Fuerza Pública perpetrados el 8 de noviembre de 2012 Reafirmamos el derecho de la población  a las libertades de pensamiento, de expresión, de manifestación y de reunión.

También nos comprometemos a darle acompañamiento a las personas imputadas durante el proceso del juicio e instamos a las organizaciones sociales, en particular de la UCR tales como SINDEU, FEUCR, asociaciones estudiantiles entre otras, y de otras universidades públicas, así como en  general a la comunidad nacional e internacional a seguir de cerca el caso para brindar solidaridad efectiva a las y los imputados en el caso del 8N.

 

Dr. Allen Cordero Ulate
Director de la Escuela de Sociología de la UCR

 


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