Conversatorio “Sepur Zarco: Juicio por esclavitud sexual y laboral”

Por: Érika Valverde, Profesora Escuela de Sociología

El pasado jueves 22 de junio, en el marco del curso Sociología del Género, se llevó a cabo el conversatorio “Sepur Zarco: Juicio por esclavitud sexual y laboral”, facilitado por la feminista guatemalteca Julie Abbott.

 

En su presentación, Julie realizó un recorrido histórico del conflicto armado en Guatemala, el régimen de seguridad nacional y el genocidio, como antecedentes del proceso judicial “Sepur Zarco”.

Julie Abbot explicó que, a principios de la década de los 80, una ocupación militar interna a instancias de finqueros de la zona, resultó en la construcción del destacamento militar en la aldea Sepur Zarco ubicada en El Estor, Izabal. Este es territorio de las comunidades Q’eqchi’, que se han mantenido en resistencia histórica por la tierra, el trabajo y mejores condiciones de vida.

En este proceso de ocupación, el Ejército Nacional identificó como objetivos militares a los hombres que eran líderes comunitarios en la lucha por la titularización de tierras; por ello fueron secuestrados y/o asesinados. A partir de su desaparición, el Ejército fija su atención en las esposas de estos hombres y empieza a llamarlas “las viudas”.

Seguidamente, los comisionados militares, dictaron que todas “las viudas” tenían la obligación de servir al ejército en el destacamento militar de Sepur Zarco efectuando labores domésticas, pero también fueron esclavizadas sexualmente.

Las mujeres, que estaban cautivas dentro de la zona con pocos accesos y rutas de escape, fueron violadas múltiples veces por los soldados y sus superiores. Además, les fueron suministrados anticonceptivos de larga duración para asegurar que no quedaran embarazadas, lo que confirma la intencionalidad de utilizar y ocupar sus cuerpos, como símbolos de ocupación del territorio y de la comunidad. Según narra una de las sobrevivientes: “En el destacamento éramos nosotras gallinas que cualquiera se le antojaba agarrarnos. Pasaron por nuestro cuerpo y ahí nos violaron porque ellos dijeron que nadie va hablar por nosotras” (Entrevista, Panzós, 2006).

Con estas terribles formas de violencia ejercidas por los militares contra las mujeres, se coloniza su cuerpo y sus actividades cotidianas de cuido. Además, se produce una ruptura de su cultura ancestral. En este sentido, Julie Abbott también señaló los efectos de la violencia sexual: la represión de lo vivido, el trauma por el silencio, la culpa, el rechazo social, el temor y riesgo de ser víctima de nuevas violaciones sexuales situaciones todas que tuvieron efectos sobre su salud y en la convivencia con su comunidad.

Treinta años después de sucedidos estos hechos, 15 mujeres Q’eqchi’ en representación de 61 mujeres de la comunidad, víctimas de violencia sexual, se organizaron junto con organizaciones sociales en una asociación llamada “Colectiva JALOK U”, que constituyó la plataforma para presentar su querella contra el coronel retirado Francisco Esteelmer Reyes Girón, encargado del destacamento militar, y contra el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij.

Este proceso fue llevado a cabo por el Tribunal de Mayor Riesgo A, y fue presidido por la jueza Jazmín Barrios. Durante las audiencias, las mujeres contaron con una traductora, pues ellas no hablan español, además fueron acompañadas por las organizaciones, tanto en asesoría como en sesiones grupales al final de cada día.  Este acompañamiento legal y psicosocial fue clave durante la duración del proceso.

Finalmente, el 26 de febrero de 2016 se logró un veredicto favorable para las mujeres:

  • Ambos sindicados fueron condenados por crímenes de guerra, omisión de deberes de humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica, desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial.
  • El Oficial Esteelmer Reyes Girón recibió una condena de 120 años de prisión inconmutables por los delitos contra los deberes de humanidad y asesinato.
  • El Comisionado Militar Heriberto Valdez Asij fue condenado a 240 años de prisión inconmutables por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.

Además, el 2 de marzo de 2016 el Tribunal dictó una Sentencia de Reparación, que obliga al Estado a:

  • ·  Mejorar la infraestructura de educación, garantizar la educación bilingüe y enfatizar en la inclusión de niñas, adolescentes y mujeres.
  • ·  Traducir la sentencia a 24 idiomas y enseñarla en las escuelas del país.
  • ·  Construir un centro de salud tipo A en la comunidad Sepur Zarco.
  • ·  Dar trámite a las solicitudes de titulación de tierras.
  • ·  La obligtoriedad para el Ministerio de Defensa debe incluir formación en derechos humanos y en prevención de violencia contra las mujeres.
  • ·  Edificar monumentos conmemorativos de la lucha de las mujeres.
  • ·  Declarar el 26 de febrero Día nacional de las víctimas de violencia sexual.

Julie Abbot señaló que fue la unión entre mujeres sobrevivientes y la constante invocación de la espiritualidad Maya –sobreviviente a las colonizaciones– lo que posibilitó la transición de estas mujeres, de víctimas silenciosas a actoras querellantes, muy dueñas de esta sentencia.

“35 años de espera, 15 de acompañamiento, 12 de reparación, ante acoso o indiferencia estatal y paraestatal... son mucha resistencia, que continuará siendo acompañada por las organizaciones de Derechos Humanos”.

Esta es una sentencia histórica, es un hito en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario, ya que es la primera condena por esclavitud sexual como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad en un Tribunal nacional. Con ella se ratifica que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

La Escuela de Sociología agradece a la feminista Julie Abbot su contribución con los procesos de formación de las y los estudiantes, en un tema fundamental para el reconocimiento de la igualdad de todas las mujeres.

 

 

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